El Mundo, 3-XI-1997
Las fórmulas matemáticas, aun cuando sean meras identidades, tienen la virtud de disciplinar los razonamientos y las controversias evitando las divagaciones especulativas y la palabrería hueca. Por eso al plantear uno de los mayores problemas de nuestras sociedades, el del paro, deberíamos tener muy en cuenta la relación existente entre la variación del empleo, la del Producto Interior Bruto (PIB) y la de la productividad. Toda modificación de la primera variable está ocasionada por un cambio en alguna de las otras dos.
Es bien sabido que desde el inicio de la revolución industrial el avance tecnológico y científico viene incrementando año tras año la productividad de la economía. Por ello, si se quiere mantener el empleo, no queda más remedio que o bien neutralizar dicho efecto generando a través de otros mecanismos una reducción similar de la productividad o bien conseguir que el PIB crezca en igual o mayor medida que la variable anterior.
El discurso actual sobre esta materia incurre a menudo en un olvido imperdonable. Se pretenden justificar las enormes tasas de desempleo que sufren hoy los países europeos acudiendo en exclusiva a la idea de que los avances tecnológicos incrementan la productividad de la economía. Es decir, para producir lo mismo se necesita un número menor de trabajadores. Lo cual es cierto, pero sólo parcialmente, ya que se oculta que hasta mediados de los 70 el desempleo fue un fenómeno prácticamente residual en Europa, a pesar de que la productividad se incrementó en una tasa media anual muy superior a la de los años posteriores (4,6% frente al 1,9%). ¿Qué es lo que ha cambiado desde mediados de los 70 para que los resultados sean tan diferentes? En primer lugar, y fundamentalmente, que con anterioridad a esa fecha la economía creció a unas tasas superiores a las de la productividad. Poco importaba que esta última variable creciese a ritmos elevados si el aumento del PIB era aún mayor. En segundo lugar, la reducción progresiva de la jornada de trabajo compensó parcialmente el incremento de la productividad impidiendo que esta magnitud arrojase tasas aún más altas. Nada de esto se ha producido en los años posteriores a la crisis del petróleo. La cuestión estriba en interrogarse por qué.
Todo el discurso oficial se limita a presentar la nueva situación como incuestionable e inalterable, sin ofrecer una interpretación lógica y verosímil del motivo del cambio. Algunos hablan incluso del fin de la edad dorada, pero sin especificar en ningún caso por qué hemos tenido que renunciar a ella y cuál es la razón para que hoy no sea factible. Habrá que preguntarse si la explicación no se encuentra en el viraje de la política económica, originado por una nueva correlación de fuerzas, que ha supuesto el triunfo de los intereses de las clases altas.
Ciertos datos -que por supuesto el discurso oficial oculta o al menos jamás señala- nos pueden dar alguna pista sobre la materia. Mientras en la etapa anterior a la crisis energética los costes laborales unitarios en términos reales permanecieron constantes, en los años posteriores sufren un fuerte descenso. Un 20% como media en la Europa de los Quince, desde 1975 a 1996; y en el caso de España un 24%. ¿Qué representa este descenso? Algo muy simple, que los precios se han incrementado un 20% más que los costes laborales, o bien que la productividad ha crecido un 20% más que los salarios reales. Ambas afirmaciones indican lo mismo: que el excedente empresarial se ha adueñado de parte del aumento de la productividad. Es decir, que la distribución de la renta se ha modificado a favor del capital y los empresarios y en contra de los trabajadores.
Mientras esta tendencia se mantenga será imposible que Europa vea alejarse el fantasma del desempleo. La solución únicamente podrá venir por la renuncia del capital a apropiarse del incremento de la productividad; bien porque éste se dedique a aumentar los salarios reales con el consiguiente tirón de la demanda e incrementos del PIB, que al margen de las fluctuaciones cíclicas compensen los aumentos de productividad, bien porque éstos se neutralicen a través de una reducción de la jornada, bien por la combinación de ambos factores.
La decisión de reducir la jornada laboral adoptada por los gobiernos de Italia y Francia ha situado en primer plano del debate esta materia, y ha aunado en su contra a todas las voces conservadoras. No podía ser de otra manera, así ha ocurrido a lo largo de la historia siempre que esta reivindicación se ha hecho patente, pues afecta de lleno al problema de la distribución de la renta, tema ideológico donde los haya. Así ocurrió al principio del siglo XX, cuando la UGT y el antiguo partido socialista reivindicaban la jornada de 48 horas. Sus detractores, no obstante, se escudan hoy en planteamientos seudotécnicos y en el intento de hacer pasar por ignorantes y desconocedores de las leyes económicas a los que la proponen.
Se afirma con aires de suficiencia que dicha medida afecta a la producción. Es evidente. Pues precisamente de eso se trata, de que el incremento de productividad se dirija a reducir la jornada laboral y no a engrosar los beneficios empresariales, con la consiguiente traducción en paro y desempleo. Porque la medida, en principio, es de una lógica aplastante. Los avances científicos y tecnológicos aplicados al proceso productivo, con la reducción progresiva de la cantidad de mano de obra necesaria para producir igual cantidad de bienes, sólo pueden tener una finalidad razonable: incrementar el bienestar general con la liberación progresiva del trabajo y el aumento del tiempo de ocio.
Una evolución en sentido contrario, en la que la mejora de la productividad se orientase únicamente a incrementar los beneficios empresariales, conduciría a medio y largo plazo a una situación paradójica e insostenible. El número de trabajadores sería cada vez menor, el producto se acumularía en unas pocas manos, las del capital, pero también decaería la demanda de bienes de consumo y, por lo tanto, su producción. De manera que llevada la situación al límite, todo el sistema estaría orientado a que las máquinas se reprodujesen a sí mismas, mientras que la mayoría de la población se vería abocada al paro y a la miseria.
La disminución de los costes laborales unitarios a la que antes nos hemos referido indica bien a las claras que existe margen suficiente para reducir la jornada en la mayoría de los países europeos. Una aminoración del 20% en el tiempo trabajado conduciría tan sólo a que, por término medio, la relación costes laborales-precios retornase a la situación de mediados de los 70. Es verdad que el impacto en los diferentes sectores sería distinto, como distinto ha sido en ellos el incremento de productividad y la inflación, pero es de suponer que poco a poco los precios relativos terminarían realizando el ajuste.
Los Gobiernos de Francia e Italia se han erigido en pioneros. Rompen la lógica que ha prevalecido desde hace más de 20 años. La dificultad puede estribar en que esta medida se aplique por algunos países de forma aislada. El grado de integración económica entre los miembros de la UE aconsejaría que fuese adoptada de forma generalizada, y desde luego la haría inviable para un sólo país si ya se hubiese realizado la unión monetaria, con la consiguiente fijación inamovible de tipos de cambio. Cosa bien distinta es en lo referente a terceros países ajenos a la Unión, en los que el grado de integración económica es mucho menor y, por lo tanto, también menor la necesidad de homogeneizar las condiciones laborales. Hay que lamentar, no obstante, la incapacidad y negativa comunitaria para realizar una política común, y la reticencia de la mayoría de los gobiernos europeos a seguir esta orientación.
El Gobierno español se ha apresurado a mostrar su disconformidad con la medida. Y el principal partido de la oposición, a través de su secretario general, también; porque afirmar que no debe hacerse por ley sino por acuerdo de los agentes sociales es arrojarla al reino de lo imposible y la utopía. En ninguno de los dos casos puede extrañarnos la actitud adoptada, porque ambos partidos se han inclinado por otra hipotética manera de combatir el paro, la de precarizar y depauperar las relaciones laborales y los puestos de trabajo de manera que se originen empleos basura o que el trabajo se reparta tal como defendía el anterior presidente del Gobierno, mediante el trueque de un ocupado a tiempo completo por dos a tiempo parcial. Se bloquea así el crecimiento de la productividad -en 1997 será aproximadamente del 0,4%- y es posible que a corto plazo se genere empleo, pero ¿acaso los puestos de trabajo creados son merecedores de tal nombre? Hoy más que nunca, desde una postura progresista, es necesario atender no sólo a la reducción del paro sino a la calidad del empleo generado; de lo contrario, y llevado la paradoja al extremo, tendríamos que concluir que la forma más rápida de combatir el desempleo sería legalizar de nuevo la esclavitud.
Colectivo Ítaca: Nicolás Redondo, Joaquín Navarro, Juan Francisco Martín Seco y José Antonio Gimbernat
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