El Mundo, 29-I-1998
La conciencia moral de un país civilizado debería sentirse intensamente conmocionada, cuando desde hace años, el mar deposita en sus costas y playas numerosos cadáveres de emigrantes económicos. Son emigrantes pobres de países pobres. Y ello porque no han podido elegir otra opción que navegar en inestables embarcaciones, las pateras, para alcanzar su ansiado destino. Estos náufragos africanos que se aventuran a través del estrecho de Gibraltar con riesgos desmesurados y sus muertes, reclaman una respuesta mucho más humana y justa a sus demandas de emigración. Las políticas migratorias de la Unión Europea y particularmente la ley española han elegido la opción tendente a cero en la autorización de entrada en nuestro país a este tipo de emigrantes. El dramatismo de la escenografía es consecuencia de haber pretendido un imposible: impermeabilizar con leyes nuestras fronteras para resistir a la presión migratoria. Pero este cierre legal que aspira también a serlo de facto, ha servido para intensificar la desesperación de miles de emigrantes que anhelan escapar de la miseria, consecuencia de la pobreza material y espiritual que impera en sus países de origen. Sus vidas están marcadas por la impotencia para ejercer también sus derechos civiles y culturales, ausentes en sus países, y que sin embargo, en el mundo occidental, proclamamos como exigencias de carácter universal. En nuestra actual cultura de tradición liberal, que pretende convertirse en modelo común, el derecho a la libre circulación de las personas y a la emigración ha sido siempre un principio consustancial de su doctrina. Las declaraciones y convenios internacionales así lo afirman y reconocen. Sin embargo desde hace más de una década, los países europeos, obviamente dotados de mayor capacidad receptora, hacen todo lo posible para sustraer efectividad real a esos principios.
Con toda razón, en la antigua confrontación este-oeste se recriminaba a los países de la órbita comunista como violación de los derechos fundamentales que no permitieran a sus ciudadanos traspasar las propias fronteras. Para impedirlo, si era preciso, se levantaron muros de cemento, casi imposibles de franquear. Pero paradójicamente, una vez derribados aquéllos, los emigrantes de los países no desarrollados han chocado con otros muros más sutiles, invisibles, para clausurar el principio de la libre circulación de personas.
Durante los 28 años que se mantuvo en pie el muro de Berlín, perdieron su vida en el vano intento de sortearlo cerca de 800 personas. En menos de una década, las estimaciones conservadoras, cifran en más de 2.000 las personas que han perecido ahogadas a las puertas de Europa, en nuestra costa sur. Y aun cuando existe la gran diferencia de que en aquel caso los muertos lo eran por los disparos de la policía de fronteras o por la eficacia letal de mecanismos de acción automática y en nuestro ejemplo lo son por el intento de burlar la presencia disuasoria de la policía española, la brutalidad de la cifra de ahogados nos impide negar toda semejanza con aquella macabra situación.
Con aparato publicitario se celebran actos y años de sensibilización en contra del racismo y la xenofobia. Pareciera que nos encontráramos frente a tendencias surgidas por generación espontánea o como si los europeos súbitamente se vieran afectados de una epidemia contagiosa, a la manera de la peste bubónica del Medioevo. Con ello se alejan del campo de visión sus causas y responsabilidades políticas. Sin embargo, pocas realidades más xenófobas que las leyes que, de hecho, ilegalizan la emigración y obligan a los emigrantes a situarse al margen de la ley. En su informe del año 1990, el Parlamento Europeo resaltaba atinadamente este carácter xenófobo de las leyes de emigración de los países de la Unión.
Ante todo, la legislación española obliga a que en la práctica casi todos los emigrantes económicos en un primer periodo deban desenvolverse en la ilegalidad. Las difíciles y complicadas condiciones que marca la ley para lograr el reconocimiento de su entrada son, de hecho, incumplibles para esta clase de emigrantes. Se entra ilegal para esperar la legalidad. La ilegalidad es, pues, la antesala obligada para la legalidad. Así los alrededor de 180.000 extranjeros de estas características, que hoy han normalizado su situación estuvieron antes en situación irregular. Sólo medidas posteriores de favor han ido permitiendo que afloraran a la superficie desde la clandestinidad laboral. Mientras tanto se han visto condenados a trabajar sin contratos laborales, con el resultado de verse arrojados a la marginalidad social. Estas condiciones propician las reacciones xenófobas de los ciudadanos del país, alentados falsamente a considerar a los emigrantes como competidores en el mercado de trabajo y como personas transgresoras de la ley, de hábitos indeseables. Los cupos que desde hace algunos años se han introducido como contingente de permisos de residencia y trabajo, en torno a los 20.000, casi exclusivamente se otorgan en beneficio de los emigrantes que ya han logrado rebasar nuestras fronteras exteriores.
Estas actitudes de reprimir y olvidar las causas sociales que determinan el carácter imparable de los procesos migratorios en un mundo, por lo demás, interdependiente e intercomunicado, con ausencia de adecuadas políticas de integración de los emigrantes -que oficialmente no existen- son responsables de la creciente extensión de la xenofobia.
Con una finta de distracción de las verdaderas razones de la emigración ilegal, se denuncian falsos responsables. Así se pretende que los países del Magreb, sobre todo Marruecos, impidan la salida por sus fronteras de estos emigrantes. Con un doble contrasentido, se solicita de estos Estados lo que en ningún caso consentiríamos que se hiciese con los ciudadanos españoles, a quienes el Estado debe respetar su derecho a emigrar. Se anima a la vez a regiones no democráticas, en donde se niegan permanentemente los derechos civiles y sociales a sus ciudadanos, a que como plus utilicen sus habituales métodos represores para impedir su salida.
Otros falsos culpables a los que se exhibe públicamente son aquellos que realizan sus negocios, expertos en burlar barreras policiales, introduciendo emigrantes en la tierra prometida. Pero ellos, en ningún caso, son la causa, sino sólo el efecto de la situación descrita. Este tipo de «profesionales» existían igualmente en los países del bloque comunista, y más allá de la reprobación moral que podía merecer su conducta, nunca se les consideró más que el síntoma surgido de la acción represora de los Estados.
Toda esta situación exige un cambio en la política emigratoria que debería ser concertado en el marco de la Unión Europea. En primer lugar, habría que aceptar el hecho de que los países europeos son un espacio de emigración económico, diseñando correspondientemente políticas de integración social. Mientras tanto, las instituciones españolas deberían abordar una decente política inmigratoria, que atienda a la vez los derechos de los emigrantes y los intereses propios. Al menos debería situarse en los siguientes ejes: establecimiento de una cuota de recepción de emigrantes que hicieran su demanda desde el exterior, esto es, para quienes hoy sólo pueden llegar en pateras, ocultarse en los más variados y arriesgados medios de transporte, (podría valer una cuota de 20.000 por año). Hay además que buscar vías inmediatas de regularización de los más de 100.000 emigrantes ilegales actuales. Los permisos de residencia y trabajo, después del primer año, deberían obtener por regla general una prórroga automática de cinco años, para evitar entrar y salir en la clandestinidad. Tras ese periodo, los emigrantes deberían tener acceso general a la doble nacionalidad. Las medidas que favorezcan la reagrupación familiar son hoy de la máxima urgencia. Esto mientras el concepto cosmopolita, «ciudadanos del mundo», sólo sea un ideal utópico. Y mientras nos aproximamos a él, con respecto al trato que reciben los emigrantes que declaramos ilegales, es conveniente recordar la sentencia de Montesquieu: «No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de la ley y con apariencia de justicia, cuando se ahoga a los desgraciados en la misma tabla en la que se habían salvado».
Colectivo Ítaca: Nicolás Redondo, Joaquín Navarro, Juan Francisco Martín Seco y José Antonio Gimbernat
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El Reno Renardo - Crecí en los Ochenta
